Desplazados de Buenavista cumplen un año sin retorno a sus hogares
Familias de Buenavista permanecen fuera de sus viviendas tras la incursión armada perpetrada por un grupo proveniente de Santa María Yolotepec hace un año.
A un año de la irrupción violenta en la localidad de Buenavista, decenas de familias permanecen en condición de desplazamiento forzado sin condiciones de seguridad para regresar a sus hogares. Los hechos ocurrieron en agosto de 2025, cuando un grupo armado proveniente de Santa María Yolotepec tomó el control de la zona, obligando a los residentes a abandonar sus propiedades y pertenencias de manera inmediata.
Desde entonces, los habitantes desplazados han señalado que la situación en la región se mantiene tensa y bajo la vigilancia de actores no estatales. A pesar de las denuncias presentadas ante las autoridades competentes, el retorno a sus comunidades de origen sigue siendo una posibilidad lejana, ante la falta de garantías integrales por parte de las fuerzas de seguridad estatales y federales.
Representantes de los grupos afectados han solicitado a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la implementación de un operativo permanente de seguridad. La petición incluye la recuperación de los espacios públicos y la desarticulación de los grupos que mantienen el control territorial, acciones que hasta el momento no han sido ejecutadas de manera efectiva.
Por su parte, las autoridades locales han indicado que se mantienen mesas de diálogo para evaluar la viabilidad de un retorno seguro, priorizando la protección de los derechos humanos de los desplazados. Se han propuesto esquemas de atención humanitaria y censos para evaluar las pérdidas materiales, aunque los vecinos insisten en que su prioridad absoluta es recuperar la posesión de sus tierras y la paz en la comunidad.
La situación en Buenavista refleja los retos que enfrenta el Estado mexicano para contener la violencia en zonas rurales donde el desplazamiento forzado ha alterado el tejido social. Mientras las familias aguardan una solución definitiva, la incertidumbre persiste sobre el futuro inmediato de quienes perdieron su patrimonio a causa del conflicto armado regional.
