SCJN ordena juzgar desapariciones de defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica al determinar que los casos de desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos deben juzgarse obligatoriamente con perspectiva de género e interseccionalidad. La sentencia establece que esta metodología no es opcional, sino una obligación procesal para las autoridades judiciales de todo el país, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y la debida diligencia en investigaciones de alto impacto social.

La decisión del máximo tribunal mexicano busca erradicar los sesgos que históricamente han obstaculizado la localización de mujeres activistas. Según el criterio judicial, los jueces deberán considerar las condiciones de vulnerabilidad específicas, las dinámicas de violencia estructural y el contexto de riesgo derivado de la labor de defensa que realizaban las víctimas. Esta medida pretende evitar que el origen de la desaparición sea desestimado o minimizado durante la etapa de investigación.

El fallo subraya que, al tratarse de mujeres que ejercían una labor de defensa, la perspectiva interseccional es fundamental para comprender las causas y los perpetradores de estos delitos. Al integrar este enfoque, el Poder Judicial busca que las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) realicen búsquedas exhaustivas que no ignoren los motivos políticos o de género que pudieron detonar el crimen.

La SCJN enfatizó que el incumplimiento de este estándar en los procesos penales representa una violación a los derechos humanos y a las garantías procesales de las víctimas y sus familias. Con esta determinación, se marca un precedente que obliga a los juzgadores a profundizar en los contextos sociales de cada caso, evitando la revictimización y asegurando que la búsqueda de la verdad sea integral y sistemática.

Este nuevo lineamiento es vinculante para tribunales locales y federales, quienes deberán ajustar sus protocolos de actuación de manera inmediata. Expertos en derecho constitucional señalan que este criterio facilitará el trabajo de los colectivos de búsqueda y de las organizaciones de la sociedad civil, al proporcionar una herramienta legal sólida para exigir investigaciones que reconozcan plenamente la labor de las defensoras en México.